El 21 de octubre, la Marina localizó a 47 centroamericanos encerrados en un auto- lavado en Tampico, después de recibir una denuncia de que había personas pidiendo auxilio. El 20 de febrero de 2015, otras 28 personas, todas originarias de El Salvador, fueron ubicadas en un hotel de Ciudad Victoria.

Son botones de una muestra. En los últimos dos años (de agosto de 2013 a agosto de 2015) más de mil 600 centroamericanos fueron localizados por fuerzas federales en algún lugar del territorio tamaulipeco y regresados a sus paises de origen. Según la versión de las autoridades eran personas que estaban secuestradas y fueron rescatadas,  pero la información disponible no deja claro si en todos los casos los migrantes estaban retenidos contra su voluntad o solo esperaban el momento para cruzar hacia los Estados Unidos. En todo caso, son sólo los que se conocen, porque los han encontrado. Los defensores de los migrantes estiman que la cifra puede ser 10 veces mayor.

En Tamaulipas, la delincuencia campeó frente a un Estado hueco que no se ha preocupado por esclarecer, por ejemplo, la matanza de 72 migrantes en un rancho del municipio de San Fernando, en agosto de 2010. O el hallazgo, un año más tarde, de 193 cuerpos en 47 fosas clandestinas, dentro del mismo municipio. Pero las masacres de migrantes ha pasado a ser parte del anecdotario de tragedias en el país. Hoy, el estado sigue controlado por grupos criminales que depredan a propios y extraños con cuotas, secuestros y muerte. Y donde los migrantes, que cruzan el estado buscando la ruta más corta hacia Estados Unidos, son piezas de cambio en un negocio cuyo control absoluto está en manos de los criminales.

Cinco años despues de la masacre de San Fernando ¿qué ha cambiado? ¿Aprendimos algo?

Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático, organización que ha acompañado a las familias de migrantes desaparecidos, hace una lista de los pendientes de la masacre: Poca o nula información sobre quiénes son los responsables y si se ha logrado detener a toda la estructura criminal, no se ha investigado –ni en derechos humanos ni en materia penal– la responsabilidad de servidores públicos que entregaron mal los cuerpos, no se ha clasificado lo ocurrido como una violación grave a los derechos humanos, y el Estado no ha contactado de manera efectiva ni de manera integral a los familiares de las víctimas.

“Y lo peor: sigue habiendo secuestros y desapariciones, y seguimos sin acciones efectivas de prevención”, dice la abogada.

Defensores de migrantes coinciden en que las acciones de las autoridades no han detenido el flujo migratorio, solo han vuelto más caro y peligroso el viaje.

“El migrante que no tienen ningún vínculo con organizaciones esta igual de desprotegido o mucho peor, porque ahora es invisible y el control lo tienen los grupos criminales”, dice Marta Sánchez Soler, coordinadora del Movimiento Migrante Mesoamericano.

¿Los grupos criminales han privatizado el negocio del tráfico de personas en Tamaulipas?

“Totalmente – dice la activista –. Y no solo en Tamaulipas, en toda la frontera. Los migrantes están en mayor vulnerabilidad. Antes la ruta estaba definida y eran más visibles. Ahora están hundidos. Nos enteramos (de que pasaron por un lugar ) por las detenciones de camiones y trailers”.

Sánchez Soler hace una lista de avances: hay una ley, los defensores tienen más acceso para hablar con las autoridades, se está trabajando la base de datos de desaparecidos, “que ni siquiera eso había”, y ya hay más denuncia. En cambio, no hay un reconocimiento del problema de parte del Estado, ni reparación del daño, ni garantías de no repetición.

“Es un sistema que no cede nada y ni siquiera reconoce, un diálogo de sordos. ¿Y a quién le conviene? Solo al crimen organizado y a las redes de tráfico de personas. Para ellos es mucho mejor que no los veamos”.

Tamaulipas es el principal productor nacional de sorgo, soya y sábila. En sus 80.2 kilómetros cuadrados se mueve el 30 por ciento del comercio internacional de México. Además, produce 10.9 mil barriles diarios de petróleo, según el Inegi. Tiene 15 cruces fronterizos con Estados Unidos, 433 kilómetro de litorales, dos puertos marítimos (Tampico y Altamira), 5 aeropuertos  internacionales y más de 90 aeródromos. Es también el asiento de parte de las mayores reservas de hidrocarburos de México y en su territorio se asienta parte de la Cuenca de Burgos, donde se concentran algunos de los yacimientos de gas shale más grandes del mundo.

Concepción Peralta Silverio, autora de la tesis Los 72 migrantes que avergonzaron a México. Ni muertos los pudieron cuidar, ve en esta economía circulante la falta de exigencia de justicia de los países de origen de los migrantes al gobierno mexicano.

“No hay una intención de los gobiernos de pasar una factura a México, son negocios y no quieren entrar a confrontarse con un país que es un paso obligado para llegar a Estados Unidos. Ellos piensan: ‘si estoy bien con México, estoy bien con Estados Unidos’”, explica.

La masacre, insisten los defensores, no ha servido para decir ‘hasta aquí’, sino para que perdamos el sentido de la sorpresa y la indignación.

Marta Sánchez Soler ubica algunos avances en la lucha de los centroamericanos por sus derechos, sobre todo, con las movilizaciones que hubo en 2014 en el territorio mexicano.

Sin embargo, también entre los defensores de migrantes ha habido errores. Como el Viacrucis Migrante de 2014, que no sólo llegó a la Ciudad de México sino que se siguió de largo hasta la frontera y en Reynosa fue amenazado por grupos criminales que se disputan Tamaulipas.

Los centroamericanos que protestaban fueron advertidos de que habría un ataque masivo de los carteles al albergue de Reynosa, para reclutar a los centroamericanos como sicarios. Aterrados ante otra posible masacre, los integrantes del Viacrucis se dispersaron y 150 regresaron al albergue de Saltillo.

“Todo queda muy bonito en papel, pero la realidad es que las cosas están peor”.