Impunidad

La inacción y omisión del gobierno mexicano
han permitido que las masacres queden impunes

¿Cuántos migrantes que viajan en camiones de pasajeros han sido secuestrados en Tamaulipas durante la guerra entre zetas y golfos? Imposible saberlo. Las autoridades responsables de mantener la seguridad en las carreteras son esquivas y no admiten responsabilidades; y la información que ofrecen es escueta y contradictoria.

El Ejército dice que el responsable de entregar dicha información es el Ministerio Público federal; sin embargo, y a pesar de que la Procuraduría General de la República “se encarga principalmente de investigar y perseguir los delitos del orden federal” respondió a una solicitud de información que “no se tiene documento alguno que pueda ser de su interés”.

En contraste, en junio pasado, ante medios locales, el presidente de la Cámara de Comercio de Matamoros, Enrique Mena Sáinz, informó que en menos de tres semanas hubo 24 asaltos contra camiones de pasajeros que iban rumbo a Monterrey.

A través de solicitudes de acceso a la información, se pidió a las secretarías de Comunicaciones y Transportes, Marina y Defensa Nacional, a la Policía Federal, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes información sobre la cantidad de robos, secuestros, desapariciones y atentados contra camiones de pasajeros ocurridos en las carreteras de Nuevo León y Tamaulipas entre 2009 y 2015.

El común denominador de todas la respuestas fue la no respuesta.

En la solicitud 0001700110615, recibida el 21 de abril, el equipo de En el Camino pidió a la PGR el desglose detallado del total de actas circunstanciadas, denuncias y averiguaciones previas relacionadas con estos eventos desde el 1 de enero del 2010 al 1 de enero del 2015; la dependencia turnó a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, que respondió: “después de realizar una búsqueda exhaustiva de la información solicitada se tiene el dato estadístico de 0”.

En una segunda solicitud (número 0001700235315), del 17 de julio, la PGR dice que no tiene “documento alguno que pudiera ser de su interés” y que si bien existe el sistema institucional de información estadística, los robos de autobuses se concentran en el rubro de “otros delitos”, por lo cual” no es posible desagregar la información requerida en los términos expuestos por los contenidos solicitados”.

La Secretaría de Seguridad Pública argumentó que no es de su competencia, aunque dentro de sus asignaciones esté “preservar las libertades, el orden y las paz públicos”.

En respuesta a la solicitud 041310034415, ingresada el 13 de mayo, la Policía Federal dijo que en 2013 no hubo asaltos, pero hubo 12 detenidos relacionados con esos hechos, y en el 2014 hubo 6 asaltos y 2 detenidos.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes respondió a la solicitud 0000900119115 ingresada el 13 de abril con un simple correo que indica que “no es competencia de la unidad de enlace”.

Por su parte, en respuesta a la solicitud 00007200065015, recibida el 29 de abril, la Sedena dijo que: “se hace de su conocimiento que la información que solicita no es de la competencia de la Secretaria de la Defensa Nacional; asimismo, no se cuenta con documento alguno que contenga la información que requiere o que haya constar que se haya recibido, adquirido o generado en esta dependencia”

En otra solicitud (0000700087715 del 24 de junio), la dependencia respondió que “en atención a denuncias ciudadanas o en flagrancia delictiva en los tipos de delitos que refiere, ha participado del año 2009 y hasta el 6 de mayo de 2015, en 326 eventos (221 en Tamaulipas y 105 en Nuevo León), poniendo inmediatamente a disposición de las autoridades competentes a las personas liberadas, desconociéndose su nacionalidad”.

En su respuesta, Sedena también aclara que le corresponde a la PGR la persecución de esos delitos. “Se le sugiere canalizar su requerimento a la Unidad de Enlace de la Procuraduría General de la República a fin de que le proporcione la información que requiere”.

A la solicitud 0001300021715 del 25 de marzo, la Marina respondió: “hace de su conocimiento, que en los archivos de esta Secretaría, no se cuenta con información de registro de operativos en los que ha participado la Marina, relacionados con reportes de secuestros, desaparecidos y robos de autobuses de pasajeros y transporte de carga en los estados de Tamaulipas y Nuevo León”.

Después, ante la solicitud de un recurso de revisión, respondió que “tiene registro de cero operativos en los que ha participado esta Secretaría” en los estados de Tamaulipas y Nuevo León”.

En una nueva solicitud (0001300031315 del 29 de abril) reiteró que no tiene registro de operativos, pero que “no es necesario declarar formalmente la inexistencia” de dichos operativos.

– La cruzada por la
información de las masacres –


A la falta de respuestas sobre los secuestros de camiones se suma la ausencia de información sobre las investigaciones de las masacres.

En diciembre de 2014, cuatro años después del hallazgo de 72 cuerpos de migrantes asesinados en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación en la que omite clasificar la masacre como una violación grave a los derechos humanos.

Las organizaciones Fundación para la Justicia y el Estado Democrático y Artículo 19 emprendieron una cruzada juridical para tener acceso a la version pública de los expedientes que integran las averiguaciones previas de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, las 47 fosas clandestinas con 193 restos en San Fernando y la masacre de 49 personas en Cadereyta, Nuevo León, luego de que la PGR clasificó como reservada esta información por 12 años.

En el juicio de amparo indirecto 1371/2013, el Juez Octavo en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Fernando Silva García, falló a favor de la Fundación para la Justicia, garantizando el derecho de acceso a la información y el derecho a la verdad de la sociedad en casos que implican violaciones graves a los derechos humanos.

Sin embargo, la PGR se inconformó con la decision y pidió a la Corte revisar el caso. La decision está ahora en manos de los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia.